El Tribunal Constitucional ha rechazado admitir a trámite el recurs
o presentado por la familia de una joven gallega que pedía que se restableciese el derecho al voto a su hija con discapacidad intelectual. Con esta resolución avala la sentencia previa del Tribunal Supremo que le impedía acudir a las urnas, pero también sienta un precedente que afecta a unas 100.000 personas con discapacidad intelectual de toda España.
El Constitucional ha evitado pronunciarse, pero con su dictamen ha acabado por posicionarse en contra del derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual, si bien la resolución, que se hizo pública recientemente, cuenta con el voto particular contrario de la vicepresidenta del Tribunal, Adela Asúa.
Tras conocerse esta noticia, nuestras entidades, Fundación San Cebrián, ATACES y Valora2 ya han mostrado su repulsa e indignación ante la actitud del Tribunal Constitucional, quien podía haberse posicionado ya en favor de los derechos de las personas con discapacidad. “El derecho al voto es un derecho reconocido y las personas con discapacidad tiene derecho a hacer uso del mismo, por ello pedimos la revisión de las incapacidades”, apuntó Pilar Ramos, directora Técnica de la Fundación San Cebrián.
Desde la Fundación San Cebrián “estamos en el proceso de revisión de todas l
as incapacitaciones de las personas que están en nuestro centro, para después dar traslado a las fundaciones tutelares correspondientes y poder iniciar la revisión de las mismas”, afirmó.
“Son personas que ven que se les niega un derecho fundamental que es el del sufragio y no entienden el porqué, el porqué de tener una limitación cognitiva no puedan tener una preferencia política”, aclaró Ramos.
Para Ismael Redondo, con una incapacidad total “la esta actitud del TC no está bien, además yo no sabía que no podía votar, y me enteré cuando fui directamente al colegio a votar”.
